Las claves de la nueva Kutxa (DV 25-10-2014)

La finalidad del cambio es quitar a los políticos el control de las entidades, profesionalizarlas y que futuros rescates no se hagan con dinero público sino con el de los propios accionistas de los bancos

La conversión de Kutxa en fundación bancaria, igual que han hecho antes BBK, Vital y el resto de cajas importantes del Estado que son propietarias de un banco –como La Caixa, Ibercaja, Unicaja…– viene derivada de la profunda reforma del sistema financiero español impuesta por Europa y el FMI a cambio del dinero (una línea de crédito de 100.000 millones de euros) que hubieron de prestar al país para rescatar a varios de los bancos surgidos de las fusiones de las cajas, el famoso rescate financiero. Se trata de un cambio en la naturaleza jurídica y en el funcionamiento interno de la entidad, que en nada afecta al usuario. Hay que recordar que desde el 1 de enero de 2012 se es cliente de Kutxabank, el banco, mientras que Kutxa, BBK y Vital son sus accionistas pero meras entidades gestoras de Obra Social.

1. ¿Qué es una fundación bancaria?

La fundación bancaria es una nueva figura que, sin ser una entidad financiera, está sujeta a la supervisión del Banco de España en su condición de accionista cualificado de un banco. La fundación bancaria es aquella que mantiene una participación en un banco que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10% del capital o de los derechos de voto, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su consejo de administración. Su función es gestionar la Obra Social, una vez que el negocio financiero fue trasladado al banco.

2. ¿Por qué el cambio?

Para hacer desaparecer a los políticos del sistema financiero. El hecho de que todas las entidades rescatadas hayan sido bancos procedentes de cajas de ahorros ha hecho que Europa y el FMI hayan optado por cortar por lo sano y acabar con este tipo de entidades: una mezcolanza entre banco y entidad de asistencia social con un elevado grado de influencia política. El objetivo último es profesionalizar el sector, habida cuenta de las decisiones equivocadas, excesos, e incluso irregularidades e ilegalidades que se han cometido en algunas cajas españolas y que motivaron su quiebra y necesidad de rescate.

3. ¿Pagan justos por pecadores?

En el caso vasco, claramente, sí. En las pruebas realizadas hasta la fecha Kutxabank ha resultado la entidad más solvente del Estado como consecuencia de la gestión realizada anteriormente por las cajas. Y para los test de estrés realizados por el Banco Central Europeo (BCE) que se conocerán mañana, fuentes financieras ya han anticipado que el banco vasco volvería a situarse en el podio. Además, ni las cajas vascas ni Kutxabank han recibido un solo euro público para sanear sus cuentas. A pesar de su posición ventajosa y diferenciada, la legislación dice lo que dice y hay que cumplirla.

4. ¿Y si la asamblea hubiera votado ayer en contra de la transformación?

El Gobierno Vasco, como institución encargada de tutelar las cajas, habría de tomar las riendas del asunto y convertir Kutxa en fundación bancaria a la fuerza antes de fin de año, en coordinación con el Banco de España y el Banco Central Europeo, que a partir del 4 de noviembre asumirá el control de casi todo el sistema financiero europeo. Además, la negativa hubiera constituido una infracción muy grave dentro de las previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Esa norma fija como castigo para ese tipo de infracciones una multa por importe de hasta el 1% de los recursos propios o hasta un millón si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra. Además, los administradores de la caja «insumisa» que sean responsables de la infracción serían multados con hasta medio millón de euros, mientras se les inhabilitaría para ejercer cargos de administración o dirección de entidades de crédito por un plazo de hasta diez años.

5. ¿Por qué se anticipa que Kutxa habrá de vender al menos un2% de sus acciones en Kutxabank?

El segundo gran objetivo de la reforma financiera, junto a la despolitización del sistema, es evitar que futuros nuevos rescates se hagan con dinero público. Los reguladores han hecho suyo el eslógan que una amplia mayoría de la sociedad proclamó cuando los rescates de Bankia, CAM, las cajas gallegas, Caixa Catalunya, Caja Castilla La Mancha… Aquel famoso ‘No con mi dinero’. Es obvio que si un rescate no se hace con dinero público, deberán ser los propios accionistas del banco los que asuman ese coste. Y aquí está el quid de la cuestión. Si los únicos accionistas de Kutxabank son Kutxa, BBK y Vital, pero estas son simples gestoras de Obra Social, una especie de ONGs cuyos únicos ingresos proceden precisamente de los beneficios de Kutxabank… ¿quién pagaría un hipotético rescate de Kutxabank? Es obvio que Kutxa, BBK y Vital no tendrían capacidad para ello.

Es por ello que Europa y el FMI apuestan por que las cajas pierdan el control de sus propios bancos. Y si no, que al menos tengan compañeros de viaje capaces de salir en auxilio del banco en caso de que este atraviese dificultades. Para ello, en lugar de imponerlo directamente, la normativa lo hace de forma más sutil, de modo que en la práctica, hace impracticable que las antiguas cajas sigan manteniendo el 100% de Kutxabank. ¿Cómo? Con los llamados ‘incentivos negativos’. Entre ellos, que las cajas (ahora fundaciones) que tengan el control de un banco, deban constituir una ‘hucha’ con dinero y activos muy líquidos y seguros (de fácil venta y buena calificación) de la que echar mano en caso de tener que auxiliar al banco, cumpliendo con su obligación como accionistas de referencia. Es el llamado fondo de reserva.

Ahora bien, las exigencias son menores a medida que la participación accionarial en el banco también es menor. Así, las fundaciones que tengan más de un 50% de un banco deberán constituir ese fondo de reserva. Es el caso de BBK, que hoy tiene el 57% de Kutxabank y de la que se da por hecho que venderá al menos el 7% para librarse de constituir ese fondo. Es fácilmente deducible que si una fundación se ve obligada a guardar una parte de su patrimonio en esa ‘hucha de salvamento’ de su banco, es un dinero que no irá a Obra Social, que sería la gran perjudicada por la medida. El segundo tramo es para las participaciones superiores al 30%, que es el que afecta a Kutxa. En este caso la ley no obliga a crear ese fondo de forma anticipada, pero sí a demostrar que podría hacerlo y que, en caso de necesidad, la fundación tiene capacidad de aportar lo necesario para hacer frente a las necesidades de su banco. Una demostración que vendría de un detallado plan financiero y de desinversiones que debe ser aprobado por el Banco de España. La posibilidad de que Kutxa venda un 2% de Kutxabank es porque la caja guipuzcoana tiene un 32% del banco, y con esa operación se vería liberada de esas obligaciones.

6. ¿Queda «viva» alguna caja de ahorros en España?

Sí. Pero son muy pequeñas y con un radio de acción limitado a su comunidad y a provincias limítrofes. En cualquier caso, también tendrán que traspasar su actividad financiera a una entidad de crédito si su activo supera los 1.000 millones de euros. Kutxabank tiene hoy 60.000 millones en activos. Las únicas supervivientes como cajas son Caixa Ontinyent (que en 2013 ganó un millón de euros) y Caixa Pollença.

¿Qué hay de la propuesta de la Diputación de repartir las acciones de Kutxabank entre los ayuntamientos y el propio Gobierno foral? En primer lugar, supondría despatrimonializar Kutxa. De los 1.600 millones de patrimonio con que nace la nueva fundación, más de 1.500 se deben al valor de las acciones de Kutxabank. Un vaciamiento que podría dar lugar a una responsabilidad de los administradores de la entidad que votaran a favor del mismo. Además, contraviene el espíritu de la Ley de Cajas y Fundaciones, lo que daría argumentos para apreciar un fraude de ley que invalidaría la decisión al instante. Por otra parte, podría ser impugnada por BBK y Vital, ya que también contraviene los acuerdos de integración, con lo que estas cajas podrían reclamar daños y perjuicios así como la toma de control de las acciones de Kutxabank en manos de Kutxa.

De otro lado, adolece de concreciones técnicas fundamentales para saber si es legal y viable. Entre ellas, si el reparto sería a través de una cesión, una donación, una venta… Tampoco se ha explicado quién pagaría a Hacienda los impuestos correspondientes a los dividendos que los ayuntamientos recibirían cada año, si las propias corporaciones municipales o Kutxa una vez le sean cedidos.

Todas estas cuestiones hacen inimaginable que el Gobierno Vasco primero, en su papel de protectorado, y el Banco de España después, quien debería aprobar la operación en última instancia, aceptasen la operación.

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